Así lo indicó Arraiz en rueda de prensa en San Sebastián para valorar las declaraciones del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, quien afirmó este miércoles que las condenas a miembros de ETA son “altas y desproporcionadas”.

Unas declaraciones que, a su juicio, van en la línea de las que realizaron anteriormente el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Jiménez y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, en favor de poner fin a las medidas excepcionales aplicadas a presos de la banda terrorista.

Sortu considera “novedosas” estas declaraciones, porque “provienen de la magistratura y de magistrados situados en los puntos calientes, como son la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria”.

Arraiz dijo que estos jueces son “quienes han alzado su voz para decir que la política penitenciaria del Gobierno va contra los derechos humanos de los presos políticos vascos".

Estas declaraciones, apuntó el presidente de Sortu, “plantean una visión diferente y contrapuesta a esa justicia vengativa que se quiere aplicar desde los ámbitos judiciales. Nos parece importante que lo hayan reconocido y tiene que valer para que se les haga caso y se rompa ese bloqueo que existe en este proceso de resolución”.

“Es prioridad que la actual situación de los presos y las presas vascas se solucione, y pensamos que el final de la dispersión es la máxima urgencia que tenemos como pueblo para resolver el conflicto que tiene Euskal Herria”, concluyó.