En su escrito, los abogados afirman que las conversaciones entre el abogado y su cliente deben ser secretas e inviolables y añaden que "grabar estas conversacones es de máxima gravedad y denunciable enérgicamente, aunque esté previsto en la ley".

En su opinión, lo más grave del caso es que estas grabaciones, realizadas en la prisión de Alcalá Meco, hayan sido filtradas a los medios de comunicación sin autorización, a pesar de que el sumario fue declarado secreto, originando con ello "un juicio paralelo, en el que se detiene, juzga y condena públicamente, sin derecho a defensa".

Tras destacar las dificultades que Instituciones Penitenciarias pone para a comunicación entre los abogados y los presos vascos, los firmantes del escrito afirman que "el comportamiento del Ministerio de Justicia, la Audiencia Nacional e Instituciones Penitenciarias ha vuelto a acreditar que el Estado español está lejos de ser un Estado de derecho".

Finalmente, señalan que el gobierno español "incumpliendo leyes y convenios, convierte a los presos vascos en enemigos políticos, aplicándoles medidas represivas durísimas para someter sus conciencias".