Según se desprende de la Propuesta de actuación para la erradicación de talleres ilegales presentada ante el Seprona por Ganvam y Anfac, estos centros ilegales representan ya al 20% del total, lo que supone alrededor de 10.000 negocios de posventa.

En este sentido, los fabricantes y vendedores de vehículos recordaron que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social ni la normativa medioambiental.

De esa forma, al tratarse de negocios que no están dados de alta en Hacienda ni en el Registro Especial de Talleres de Industria “escapan al control fiscal propiciando que se dejen de ingresar 230 millones de euros anuales” derivados no sólo del fraude en el IVA que no le cobran al cliente final, sino también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades e IRPF.

Asimismo, dado que los empleados carecen de contrato de trabajo legal y, por tanto, no cotizan, estos centros clandestinos también incurren en un fraude laboral, generando a la Seguridad Social unas pérdidas cercanas a los 112,5 millones anuales, ya que cada taller ilegal tiene una media de 1,5 empleados.

En los últimos seis años, la facturación en el sector de la reparación retrocedió cerca de un 30%, con más de 6.200 talleres cerrados en este período en un sector que aunque aporta el 1,2% del PIB, entre 2007 y 2013 perdió más de 12 millones de reparaciones anuales.

Esto se debió al déficit de matriculaciones que ha reducido en un 40% la cuota de vehículos menores de cinco años, y a la creciente antigüedad del parque automovilístico, donde casi un 50% supera los once años de antigüedad.

PLAN DE ACCIÓN

En la reunión de este martes, en la que participaron el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, y el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, junto con miembros del Seprona, ambas asociaciones defendieron la puesta en marcha de un plan de acción con el objetivo de luchar contra las reparaciones ilegales.

Entre las medidas propuestas, el plan defiende centralizar las ventanillas de denuncias en el Ministerio de Interior, de manera que sea esta cartera la que se coordine con las autonomías para resolver cada caso, evitando dejar sin resolver algunos casos.

Además, también se contempla la necesidad de intensificar los controles de los vehículos que no superen la ITV, de manera que en la nueva revisión el conductor presente una factura o certificado del taller alegando la reparación de los defectos del coche.