La sentencia, que sienta jurisprudencia, da la razón a la docente y obliga a la Consejería de Educación a brindarle ayuda extra en su labor diaria, especialmente en la corrección de pruebas y exámenes, con el fin de que pueda ejercer su profesión sin barreras ni trabas.

Del mismo modo, Famma indica que este no es el primer caso en el que la Administración “discrimina a una persona con discapacidad”, ya que hace menos de un año una profesora interina madrileña planteó una queja porque tuvo que rechazar hasta en seis ocasiones su incorporación de forma temporal a distintos centros por las múltiples barreras que presentaban las instalaciones.