Concretamente, los centros ilegales representan el 20% del total según Ganvam, por lo que la cifra se elevaría hasta los 10.000 negocios de posventa que actúan al margen de la regulación.

Así mismo, dado que los empleados carecen de contrato de trabajo legal, estos no cotizan a la Seguridad Social por lo que estos centros clandestinos también incurren en un fraude laboral que genera pérdidas cercanas a los 112,5 millones de euros a la Seguridad Social, ya que cada taller ilegal tiene una media de 1,5 empleados con un sueldo medio estimado de 20.000 euros (la cuota a Seguridad Social sería del 37,5%).

Por otra parte, esta actividad económica sumergida también tiene un impacto negativo en el sector de la automoción. Ganvam afirma que la actividad de estas empresas ha podido generara unas pérdidas de 3.500 millones de euros en servicios de postventa en los últimos seis años.

Según Ganvam, el sector, que aporta el 1,2% del PIB, ha perdido entre 2007 y 2013 más de 12 millones de reparaciones anuales como consecuencia, por un lado, del déficit de matriculaciones que ha reducido en un 40% cuota de vehículos menores de cinco años(los más rentables para el taller) y, por otro, la creciente antigüedad del parque, donde cerca de un 50% supera los once años, lo que se traduce en menos visitas al taller, limitando estas a las reparaciones estrictamente necesarias como las averías mecánicas.