Torres-Dulce aseguró en presencia del rey Felipe VI, que presidió los actos junto al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que todas esas condenas se acordaron de conformidad total o parcial con la acusación ejercida por el fiscal.

En su discurso, el fiscal general insistió en que los casos de corrupción “minan la credibilidad del sistema democrático, base del pacto social” e hizo especial hincapié en que “no puede ignorarse la corrupción privada” a la que responsabiliza de “comprometer gravemente la estabilidad económica y la distribución de riqueza” y está en el origen de “crisis con repercusiones sociales que amplían desigualdades intolerables”.

Segú la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2013, la actividad de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha experimentado un “significativo incremento”.

Torres-Dulce dedicó una parte de su discurso a defender la vigencia de la Constitución y la unidad del Estado. Al comienzo de sus palabras aseguró que el acto de apertura del año judicial adquiere “una especial densidad histórica” que la convierte el “símbolo de la permanencia del Estado a tavés de sus más altas instituciones”.

En la primera apertura del Año Judicial presidida por Felipe VI, el fiscal General del Estado defendió que el relevo en la corona “consumado con ejemplar normalidad institucional nos reafirma en la idea de que la Monarquía parlamentaria es una forma política de Estado inspiradora y cargada de futuro, que fortalece la unidad de la Nación expresión de la soberanía del pueblo español”.

En ese sentido, defendó que la Constitución es “la que ampara, nunca la que dificulta la convivencia pacífica entre los españoles” y citó al pensador Isaiah Berlin quien aseguraba que “el mérito de una sociedad libre es que acepta gran variedad de opiniones en pugna, sin necesidad de suprimirlas”.

El fiscal abogó también por impulsar determinadas reformas parciales como la regulación adecuada de las medidas de investigación limitativas del derecho al secreto de las comunicaciones, una reducción razonable del numero de aforamientos o una definición más precisa del estatuto jurídico del imputado.