El informe, al que ha tenido acceso Servimedia, señala que “la información que los ministerios y organismos proporcionan a la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional no es exacta”.

“Bien porque no se comunican todas las campañas o no se consigna la totalidad del importe ejecutado, o bien porque se informa sobre el coste del contrato y no sobre las campañas”, señala el órgano fiscalizador.

Asimismo, el tribunal ha observado que “son numerosas las campañas sobrevenidas, lo que indica que la planificación es poco rigurosa”.

El informe también llama la atención sobre una “escasa utilización de mecanismos para la cuantificación y valoración del cumplimiento de los objetivos de las campañas”.

Por ejemplo, refleja que en los ministerios de Fomento e Industria no consta que se hayan realizado estudios previos o posteriores, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sí ha realizado estudio post-test de las campañas principales, “que en general concluyen con una valoración positiva del mensaje difundido, si bien no contemplan indicadores cuantificables que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de eficacia, austeridad y eficiencia”.

El Tribunal de Cuentas reconoce el “descenso significativo” del gasto público destinado en 2012 a este tipo de campañas en comparación con dos años anteriores, con el PSOE en el Gobierno.

Mientras en 2010 la Administración del Estado y sus organismos adscritos realizaron 86 campañas con un coste de 80,8 millones de euros, en 2012 se hicieron 45 con un coste de 19,8 millones. En los ministerios, la bajada fue de 38 campañas y 26,8 millones en 2010 a 13 campañas y 3,6 millones en 2012.

En el capítulo de recomendaciones, el tribunal aconseja a la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional que procure que la información que le proporcionan los ministerios y organismos para la elaboración del informe anual “sea homogénea, comprenda la totalidad de las campañas realizadas y refleje con exactitud el informe ejecutado, de forma que permita alcanzar el objetivo de evaluar las campañas para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos”.