El PSOE advierte de que 7 millones de personas tendrán restricciones de luz o gas este invierno
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La secretaría de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, advirtió este martes en el Congreso de que en España hay 7 millones de personas que pasarán el invierno con restricciones en el acceso a la luz, el gas o el propano, y “bajo la amenaza del corte del suministro”.
Así lo señaló Lucio en el Pleno del Congreso durante su defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.
Entre otras propuestas, la iniciativa propone la creación de una tarifa social “asequible” de electricidad y gas para toda la ciudadanía, en especial para los consumidores más vulnerables.
En este contexto, Lucio alertó sobre la situación de siete millones de ciudadanos que sufrirán restricciones en el acceso a estos servicios e incluso cortes de suministros, según apuntó en base a un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales.
Ante esta “situación de emergencia” y con la bajada de temperaturas por la llegada del invierno, la diputada socialista explicó que la iniciativa legislativa busca “paliar” los “efectos perversos” de las decisiones del Gobierno que “han supuesto un varapalo en la calidad de vida y en el poder adquisitivo de los más vulnerables”.
“Hay dos causas fundamentales por las cuáles traemos esta iniciativa, una es el incremento exponencial de la desigualdad en España, y la otra, una reforma energética injusta, con la que nadie está de acuerdo y que afecta directamente a los ciudadanos con escasos recursos”, enfatizó.
TARIFA SOCIAL
La proposición del PSOE busca extender la tarifa social a todos los consumidores vulnerables de cualquier suministro energético, tanto a electricidad como a gas natural, butano y propano. Así, a estos consumidores se les aplicará un determinado nivel de potencia o consumo "suficiente para cubrir las necesidades domésticas básicas”.
Igualmente, aboga por una tarifa social determinada en función de la capacidad económica de los consumidores, y contempla también que la diferencia entre la tarifa social y lo que cuesta la luz se financie a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La iniciativa apuesta también por una regulación de la pobreza energética, que afecta a “quiénes sean consumidores vulnerables y dediquen más del 10% de su renta al consumo de energía”.
(SERVIMEDIA)
14 Oct 2014
SMV/gja