Así consta en una declaración aprobada durante una reunión del Comité de Alcaldes celebrada esta mañana en la sede de la dirección nacional y que presidió el vicesecretario general de Política Territorial del PP, Javier Arenas.

Sin embargo, fue la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien adelantó en rueda de prensa la decisión y explicó que el motivo es emprender una "regulación clara de los derechos y libertades" que asisten a los inmigrantes que residen en España, de manera que se distingan las ventajas de los que viven de manera legal y los que no tienen regularizada su situación.

El PP quiere evitar así que haya un trato desigual como consecuencia de las decisiones tomadas por los alcaldes, como ha estado a punto de pasar en Vic (Barcelona) por la intención del primer edil de negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular.

Cospedal reclamó un "debate amplio" en España sobre el problema de la inmigración, sobre todo ahora que la crisis económica ha provocado "cambios tan profundos" en la sociedad en materia de empleo y de integración.

Además, culpó de lo que está pasando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por su "falta de políticas de Estado" en materia de inmigración y por su defensa del "papeles para todos" en la pasada legislatura.

Cospedal aseguró que de aquel eslogan del PSOE se ha pasado ahora a una "polémica en sus filas" sobre el empadronamiento como consecuencia de que la Ley de Extranjería "no es una regulación clara" y tiene "contradicciones".

Por eso, pidió que se reforme la ley para que "no sea contradictoria" y que establezca de manera precisa los derechos de los inmigrantes residentes de manera legal en España y los de los irregulares.

Asimismo, Cospedal recordó que el PP ya planteó en el Congreso durante la última reforma de la Ley de Extranjería que se prohiban las regularizaciones masivas, que haya un mayor control de fronteras, que se ponga en marcha un contrato de integración para los residentes, que se ejecuten con eficacia las órdenes de expulsión de los irregulares, que se den permisos de residencia por arraigo y que se eche del país a los inmigrantes condenados con penas de más de seis años de cárcel.