Esta norma es de aplicación a aquellas fundaciones, como a otras entidades privadas, que perciban fondos públicos por importe superior a 100.000 euros o cuando el 40% de sus ingresos tengan el carácter de ayuda o subvención pública y alcancen al menos los 5.000 euros. No obstante, “el sector necesita que se apruebe con celeridad el desarrollo reglamentario, que debería concretar muchos de los aspectos que se enuncian en la ley”, según Nadal.

Sin perjuicio de las obligaciones que establece la ley, la AEF considera la transparencia como un elemento esencial para que las fundaciones sean conocidas por el trabajo que realizan y generen confianza en los ciudadanos y la sociedad en general, fuente principal de su financiación.

Ya antes de la aprobación por el Gobierno de esta norma, muchas fundaciones y asociaciones venían publicando en su web información referida a sus órganos de gobierno, sus fuentes de financiación y la aplicación de sus fondos.

La AEF considera necesario seguir avanzando en este camino con todas las entidades sin fines de lucro, por lo que en el año 2012 puso en marcha el portal 'www.fundaciones.es', en el que se recoge información de todas las fundaciones españolas independientemente de sus fines, formas de financiación o ámbitos territoriales de actuación, información que actualmente se encuentra dispersa en más de sesenta órganos administrativos, lo que hace difícil el acceso de los ciudadanos a la información.

Desde la asociación que representa al sector fundacional en España “consideramos que la entrada en vigor de la Ley de Transparencia representa una magnífica oportunidad para que también desde la Administración se dé a conocer de forma fácilmente accesible, la información de carácter público de las fundaciones con que cuentan los protectorados de fundaciones, órganos encargados de su supervisión, y ante los que estas entidades rinden cuentas anualmente”, reitera Nadal.

Además, la AEF ya ha puesto de manifiesto en distintas ocasiones la importancia de la creación de un protectorado único de fundaciones de ámbito estatal, actualmente dividido entre distintos departamentos ministeriales, y la puesta en marcha del registro único de fundaciones, previstos por nuestra legislación desde el año 94.