Catalá se refirió a esta cuestión en el pleno de la Cámara Alta, donde la senadora de CiU María Rieradevall le preguntó sobre el hecho de que el anteproyecto de Lecrim elaborado por el Gobierno contemple que el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad puedan ordenar, en determinados casos, interceptar comunicaciones sin previa autorización judicial.

Esta senadora sostuvo que este punto de la futura Lecrim es “inquietante” y supone una “clara vulneración” de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Asimismo, esta parlamentaria se preguntó si Justicia está haciendo el “trabajo sucio” a Interior con esta reforma.

Además, esta representante de CiU acusó al PP y al Gobierno de vulnerar “sin pestañear” derechos constitucionales mientras “se parapetan detrás de la Constitución a modo de escudo contra los anhelos de libertad del pueblo catalán”, en referencia al proceso soberanista que promueven Artur Mas y parte de las formaciones políticas de Cataluña.

“BIEN TRANQUILOS”

A este respecto, Catalá negó que la Lecrim vaya a vulnerar ningún derecho e indicó que Interior sólo podrá realizar “excepcionalmente” la interceptación de comunicaciones sin autorización judicial previa. No obstante, señaló que esta medida deberá ser puesta en conocimiento luego de la autoridad judicial.

El ministro dijo que los parlamentarios y los ciudadanos podían estar “bien tranquilos” sobre esta cuestión. No obstante, el titular de Justicia dijo estar dispuesto a aceptar enmiendas de la oposición sobre la Lecrim.

Este miembro del Ejecutivo señaló que aceptarán sugerencias que sirvan “para garantizar que las Fuerzas de Seguridad, los jueces y los fiscales puedan trabajar en la defensa del interés general y los derechos de los ciudadanos con herramientas e instrumentos equivalentes a los que tiene la delincuencia internacional”.

Al mismo tiempo, Catalá dijo estar convencido de que ni en CiU ni en otros grupos de la oposición quieren “tener atados de pies y manos a los que investigan y a los que defienden el interés general”, en referencia a jueces y agentes. Por este motivo, añadió que hay que dotar a estos funcionarios “de herramientas adecuadas, equivalentes a las que tenemos en la actualidad” para combatir los delitos.