El CGAE expresó esta opinión a través de su Subcomisión de Derecho Penitenciario, que se dedica a analizar cuestiones referidas al cumplimiento de penas.

A este respecto, los abogados argumentaron que "la duración de la pena privativa de libertad en España es superior a aquella que cumplen en otros países que contemplan la cadena perpetua".

Asimismo, el CGAE añadió que "el artículo 25 de la Constitución Española es concluyente al establecer que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social".

Los letrados señalaron también que "toda pena que no cumpla dicho requisito, atenta contra el artículo 15 de la Constitución que repudia cualquier trato inhumano y degradante, además de impedir hacer efectiva la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, a las que se refiere el artículo 10 de nuestra Carta Magna".