Así lo indicaron, en declaraciones a Servimedia, el portavoz del SUP, Javier Estévez, y la portavoz de la CEP, Beatriz Potes, después de que se haya sabido que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya decidido no incluir en la futura Lecrim este asunto de las escuchas sin autorización judicial previa.

En este sentido, Catalá, según publica este viernes el diario 'El Mundo', ha optado por desistir de la posibilidad de que el ministro del Interior pudiera interceptar correspondencia o autorizar escuchas sin autorización judicial por delitos de especial gravedad, como los relacionados con el terrorismo.

Estévez sostuvo, a este respecto, que es “lógico” que Catalá haya desestimado esa medida, ya que no aportaba “ningún extra” y sólo podía generar “desconfianza”.

"TOTALMENTE GARANTISTA"

Por su parte, Potes dijo que el cambio de criterio del Ejecutivo responde a una necesidad de ser “totalmente garantista”, ya que, a su juicio, el juzgado de guardia es “un órgano competente y eficaz”.

Para el portavoz del SUP en materia de terrorismo u organización criminal no considera que esta medida vaya desfavorecer su investigación, porque, a su entender, ya disponen de los "medios necesarios” con unos "jueces de guardia".

“Lo único que hay que hacer es hacer que funcionen bien los medios que tenemos”, apuntó el portavoz del SUP. Por su parte la portavoz del CEP, opinó que los jueces son los “indicados para que lleven a cabo una resolución que ampare esas escuchas”, ya que, a su parecer, para un Policía podría ser “demasiada responsabilidad” y podría verse “perjudicado”.