Según informaron Julio Sanz, miembro de la Junta Directiva de la CTE y presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid; Santiago Fraile, presidente de Unalt, y Julio Moreno, presidente de Fedetaxi, ésta será la primera de una serie de reuniones que mantendrán a lo largo de la semana con los representantes españoles de diversos grupos parlamentarios europeos.

Durante la reunión, según los representantes del sector del taxi, De Grandes manifestó una clara voluntad política de que estas aplicaciones se sometan en todos los casos tanto a la legislación europea, como a la estatal.

“El mensaje recibido ha sido tranquilizador respecto a la posición del Grupo Popular en Europa y abierto a la cooperación con otras fuerzas políticas para frenar cualquier intento por parte de las aplicaciones ilegales de operar en el mercado de modo desleal y haciendo dumping social y fiscal”, aseguraron los taxistas.

Por su parte, las organizaciones de taxistas mostraron su voluntad de seguir trabajando a nivel europeo para concienciar tanto a las autoridades, como a la sociedad, del peligro para el Estado de Derecho que suponen actividades ilegales como la de Uberpop, al sustraer ingresos a las arcas públicas y seguridad social, infringir las leyes de transporte y poner en riesgo la seguridad vial y jurídica de los usuarios.

Además, coincidieron en la importancia tanto de la vía política, advirtiendo que debe existir “un escrupuloso control de cumplimiento de la legalidad”, como del área de Transportes o en la de Agenda Digital.

En este sentido, los representantes de los taxistas recalcaron la importancia de que las actividades de Uberpop deban seguir siendo denunciadas ante los tribunales de cada estado. No obstante, según declararon “se ha echado en falta la escasa inspección que ha encontrado Uber tanto por las comunidades autónomas, como por la Dirección General de Tráfico y la Hacienda española”.

Por último, en la reunión también se realizaron y se pusieron en común algunas propuestas para poner en valor al taxi como un servicio público de calidad y eficacia para los ciudadanos de la Unión Europea.