En su informe, el Defensor del Pueblo refleja que el mayor número de quejas sobre los registros civiles se refieren a la dificultad para presentar la solicitud de nacionalidad, demora en los trámites o la disconformidad con los motivos de la denegación.

Entre los motivos, se menciona el no haber acreditado buena conducta cívica por tener caducados los certificados de antecedentes penales, "sin ofrecer la oportunidad de subsanar un vicio de procedimiento de naturaleza subsanable", por lo que el Defensor del Pueblo "recomendó la revocación de oficio de las resoluciones denegatorias", sin que le fuera aceptado el consejo.

El informe también menciona "denegaciones por la ausencia de una integración social difícil de objetivar, por lo que el Defensor del Pueblo recomendó que se introdujeran parámetros objetivos para apreciar dicha integración".

En este sentido, prosigue, "se ha detectado un cierto automatismo en los expedientes tramitados por los registradores en los que se ha procedido a la denegación siempre que el informe del encargado era desfavorable, sin valoración ulterior sobre la suficiencia de los motivos aducidos".

El Defensor del Pueblo confía en que el Gobierno, de acuerdo con su recomendación, instaure un examen homogéneo elaborado por el Instituto Cervantes.

Por último, el informe anual de esta institución refleja "denegaciones de nacionalidad por no haber cumplido el plazo previo de residencia" en las que "se ha constatado disparidad de criterios en el cómputo de los plazos" y "denegaciones por no haber aportado el pasaporte", sino sólo copia de sus páginas selladas. A este respecto el Defensor del Pueblo denuncia que ni se advirtió de la incorrección a los perjudicados ni se les dio ocasión de subsanarla.