Así lo afirmó este martes el secretario general técnico de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Antonio Carrasco, durante su intervención en la Comisión de Familia de la Asamblea autonómica.

Según explicó Carrasco, en 2009 la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA) realizó 2.669 inspecciones. Un total de 491 residencias fueron inspeccionadas dos veces y otras 192, que prestan atención a otros usuarios, fueron visitadas en más de una ocasión.

El secretario general técnico de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales indicó que el número de visitas a los centros residenciales se duplicó, haciendo un seguimiento prioritario a 48 de los 54 centros sancionados en 2008, puesto que seis de ellos dejaron de funcionar en 2009.

Carrasco manifestó, además, que la Comunidad de Madrid cumplió al 100% en 2009 con las actuaciones inspectoras relacionadas con las quejas recibidas por parte de los usuarios de los servicios sociales. De las 198 quejas recibidas, 157 generaron la visita de un inspector, y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales inició siete procesos sancionadores.

En cuanto a los servicios de acción social, en 2009 se inspeccionaron 395 servicios, lo que supone el 20% del total.

Además, para comprobar el adecuado funcionamiento de los centros en todo momento, se integraron de modo permanente en la planificación de las actuaciones inspectoras las visitas en horario nocturno y durante el fin de semana (10%).

Por otro lado, en 2009 se visitaron 84 centros residenciales para la realización de un estudio que permita la obtención de datos actualizados sobre la prestación de los servicios asistenciales.

Asimismo, el personal inspector ha llevado a cabo un curso de formación para mantener actualizados sus conocimientos y capacidades, y poder poner así en marcha sistemas de control de calidad homogéneos en toda la región.

Carrasco indicó que las líneas de actuación iniciadas por el Gobierno regional "nos llevan por el buen camino". Según dijo, "lo importante es penalizar aquellas actuaciones que han tenido consecuencias en la atención directa, al respeto a la dignidad, los derechos o la salud de los usuarios".