Así lo dijo a Servimedia Pablo Llarena, portavoz de APM y actual presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, en referencia a que dicha ley limite, como explicó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, los procedimientos penales a 6 meses para las causas sencillas y a 18 meses para las complejas, con el fin de "agilizar la justicia". Catalá precisó que el juez puede pedir una prórroga de otros 18 meses e incluso de más tiempo si la complejidad del caso lo requiere.

Llarena sostuvo que para “agilizar la Justicia” no sólo es necesario que se limíten los plazos de la investigación de los magistrados, sino que también se propicien “más medios” y “reformas” para que los jueces puedan ajustarse a esos plazos adecuadamente, como por ejemplo "mayor personal".

Asimismo, el portavoz de la APM indicó que una investigación judicial tiene que ser “operativa”, por lo que la ley “debe garantizar a los magistrados que en ese tiempo limitado puedan realizar su trabajo correctamente”.

"ESTIGMA MENOR"

En todo caso, este representante de los jueces aseguró que en “cualquier sistema garantista” una persona “no puede estar sometida a proceso y a una investigación por largos periodos de tiempo” y “sin ninguna concreción específica de los hechos”.

En cuanto a que se sustituya el actual término de "imputado" por el de "investigado" para las primeras fases de los procesos judiciales, Llarena considera que es “positivo”, ya que se propicia “un estigma menor para las personas que tienen su derecho a la presunción de inocencia”.

Por otro lado, el portavoz de la APM sostuvo que “no es una sorpresa" la renuncia en esta reforma a que el Ministerio del Interior pueda intervenir comunicaciones sin autorización judicial, ya que, a su juicio, era una medida “inconstitucional”.