La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró, al término de la reunión semanal del Gobierno, que este sistema se encargará de “la contratación de servicios de monitorización; seguimiento y vigilancia remotos de presencia; y consumo de bebidas alcohólicas y ubicación de personas sujetas a control de Instituciones Penitenciarias”.

La ‘número dos’ del Ejecutivo explicó que entre los vigilados por este procedimiento están quien son vigilados con pulseras electrónicas.

"PAUTAS, REGLAS Y HORARIOS"

Indicó que los 34,6 millones servirán para conocer “de modo continuo la presencia o ausencia de domicilio o el lugar de permanencia controlada de cada persona que esté incluida en el programa de intervención”.

También permitirá “tener información actualizada y permanente de cualquier incidencia” relativa a la persona vigilada, como “conocer el posible consumo de alcohol del sujeto al que se instalan estos dispositivos”.

El sistema también permitirá “garantizar la seguridad de otras personas de modo continuo e inmediato la ubicación de la persona incluida en el programa de acuerdo con las pautas, reglas y horarios” establecidas por la Administración o los jueces.