“Los pacientes están siendo tratados”, aseguró Moreno en un encuentro informativo celebrado este miércoles en Servimedia, donde apuntó que hay un acuerdo entre comunidades autónomas e Instituciones Penitenciarias para que se atienda a los presos afectados por este tipo de hepatitis, y donde insistió en que así se está haciendo: “Están siendo tratados en los hospitales de las CCAA”.

El conflicto viene porque el Ministerio del Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias, no asume la compra de los nuevos fármacos para la hepatitis C, que en función del acuerdo mencionado por Moreno, debe costear si se administran en las prisiones. Si los medicamentos se dan en los hospitales, es la comunidad autónoma la que debe correr con su coste.

La atención sanitaria de los presos depende del Gobierno central (excepto en Cataluña), que ha establecido en las prisiones un servicio médico similar al que se presta en los servicios de Atención Primaria.

Pero cuando la asistencia que precisan los presos es más especializada, se les traslada a un hospital, en función de un convenio firmado entre Instituciones Penitenciarias y CCAA, que establece que si el recluso necesita ingreso será la autonomía la que corra con los gastos. Si no hay ingreso, pero sí receta de fármacos que se pueden administrar en la cárcel, es Interior la administración encargada de comprarlos y enviarlos a la presión.

A este respecto, el representante del Ministerio de Sanidad recordó que la atención sanitaria de los reclusos es responsabilidad de Instituciones Penitenciarias, que “no es que se niegue” a pagar los nuevos medicamentos para la hepatitis C, sino que está esperando a que haya una resolución para actuar en consecuencia.