En esta idea coincidieron hoy tres conocidos juristas que participaron en un foro organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid, titulado "Derecho a la libertad de expresión vs derecho a la intimidad y la ley de protección de datos", y que estuvo centrado en la sentencia dictada el pasado 19 diciembre por el Juzgado de lo Penal 16 de Madrid, que condenó al director de la Ser, Daniel Anido, y al responsable de Informativos de esta cadena, Rodolfo Irago, por un delito de revelación de secretos.

Para Rafael de Mendizábal, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, se trata de una sentencia "extraña y singular" que no ha tenido en cuenta que los periodistas ofrecieron "una información veraz y de interés público evidente" en un medio con contenidos periodísticos claros como Internet.

"Es un error muy grave decir que Internet no puede considerarse como otros medios tradicionales", afirmó Mendizábal. "Auguro un mal fin a esta sentencia cuando se vea el recurso. No le veo viabilidad y aconsejaría a mi compañero (el magistrado Ricardo Rodríguez) que procurara digerir mejor sus muchos conocimientos".

Para Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la sentencia es "considerablemente deficiente" y se coloca "en las antípodas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

"No pondera el interés público y la veracidad de la información, y hace una distinción esotérica entre medios tradicionales e Internet", afirmó este experto, que cree que hay muchos indicios para aventurar que la sentencia "será anulada en fases jurídicas posteriores".

En opinión del catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat, el juez se equivoca "de medio a medio cuando dice que no era necesario publicar la lista" de las afiliaciones falsas en el municipio de Villaviciosa de Odón, como hicieron los periodistas de la Ser. "Claro que era necesario, ¿cómo se va a demostrar que hubo corrupción si no se dan los nombres que determinan que todo fue un pucherazo? Esta sentencia es un atropello", indicó.

El presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, manifestó que este fallo judicial constituye "la sentencia más perturbadora" sobre la prensa que ha tenido que leer desde que lleva al frente de la asociación de los periodistas madrileños.

"Es una sentencia", señaló, "con mala intención y desde el primer momento pedimos su revisión urgente. Pero lo más inquietante ha sido la posición de la fiscalía de 'mantenella y no enmendalla'".