El acuerdo, adoptado en 2013 en Marrakech, permitirá a los ciudadanos ciegos, con discapacidad visual o con problemas de acceso a la lectura intercambiar libros accesibles sin incurrir en delitos relacionados con los derechos de autor.

Y es que, en estos momentos, solo entre un uno y un cinco por ciento de los libros publicados en el mundo se hacen en formato accesible, algo atribuible en parte a las limitaciones impuestas por las leyes de propiedad intelectual.

Antes de preguntar a los diputados si respaldaban el tratado por asentimiento, el presidente del Congreso, Jesús Posada, envió un saludo "afectuoso" a los representantes de la ONCE que acudieron este jueves a la Cámara Baja para seguir el trámite de la iniciativa.

En el Pleno, tanto Trinidad Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, como Jordi Xuclá, de CiU, y Joan Josep Nuet, de la Izquierda Plural, destacaron la importancia de que España se sume a este tratado, que calificaron de “relevante”.

Así, la representante de los socialistas aludió a la “trascendencia” del acuerdo, ya que, explicó, pretende hacer compatibles los derechos de la propiedad intelectual con los de las personas ciegas. Jiménez manifestó su satisfacción por que el documento se pueda tramitar antes de que finalice el actual periodo de sesiones.

Por su parte, Xuclá afirmó que es “un buen instrumento de inclusión social, equidad y de igualdad de oportunidades para las personas ciegas”, algo en lo que coincidió el representante de la Izquierda Plural.

“Es un avance muy importante, un pequeño paso para que personas con discapacidad visual y otro tipo de discapacidades vean normalizado su acceso a la vida”, afirmó Nuet.

Tras el visto bueno al dictamen por parte de la Cámara Baja, el texto pasará al Senado, donde, si no se modifica, quedará definitivamente aprobado y, por tanto, sentada la adhesión española al mencionado tratado, algo que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) aplaude.

DOCUMENTO “CLAVE” PARA LA ONCE

El documento de Marrakech responde a una demanda planteada desde hace años por la ONCE, que lo considera “clave” para el acceso a la educación, a la información y al ocio por parte de las personas ciegas de todo el mundo.

Desde esta perspectiva, la organización española de ciegos anima a la Unión Europea y a todos sus países miembros a ratificar este tratado, ya que son necesarias 20 ratificaciones para que entre en vigor y hasta la fecha hay solo ocho (sin contar la española), que son las de Argentina, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, India, Mali, Paraguay, Singapur y Uruguay.

Cuando el acuerdo tenga la ratificación de una veintena de Estados, más de 300 millones de personas con discapacidad visual en el mundo, la mayoría en países en desarrollo, podrán por fin acceder a más del 90% de los títulos que, hasta ahora, les estaban prácticamente vetados en formatos accesibles.

El tratado, que beneficiará también a personas con problemas de movilidad u otros equiparables, permite el envío de libros accesibles de persona a persona sin pasar por las organizaciones de ciegos o por los permisos de los editores, siempre bajo la premisa de una reconocida y aceptada excepción de los derechos de autor en este caso.

Tal y como indicó el Gobierno el pasado 22 de mayo, cuando el Consejo de Ministros autorizó la adhesión española al tratado, el gesto refuerza la trayectoria de este país en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de su plena integración en la vida social y cultural.

Y lo hace, según el Ejecutivo, complementando la normativa nacional ya existente en materia de derechos relacionados con la propiedad intelectual en aspectos que no contempla, como el uso transfronterizo sin ánimo de lucro de obras protegidas.

"España ha sido pionera en el campo de la protección a las personas ciegas o con discapacidad visual y un referente para otros países, por lo que la adhesión a este instrumento, ya firmado por varios Estados de nuestro entorno, reviste especial importancia para consolidar y dar visibilidad a este compromiso", sostiene el Gobierno.

El Tratado de Marrakech se adoptó en 2013, en la ciudad marroquí, en una conferencia diplomática convocada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es el organismo del sistema de las Naciones Unidas especializado en administrar los asuntos de la propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros de las Naciones Unidas.