Los demandantes consideran el acuerdo “nulo y contrario al ordenamiento jurídico vigente, toda vez que las actuaciones concretas derivadas del citado acuerdo, y que están siendo llevadas ya a efecto por la citada organización política, vulneran el derecho fundamental de asociación de los afiliados/as de IU de la Comunidad de Madrid".

Los demandantes señalan que, "de mantenerse (la expulsión), será de total e imposible reparación".

Por ello, este grupo de dirigentes y afiliados de IU solicita que se suspenda cautelarmente el acuerdo del Consejo Político Federal del 14 de junio de 2015, por el que se procede a desvincular a IU-Madrid de la organización federal.

A su juicio, esta decisión "es de tal magnitud que vulnera derechos fundamentales de 5.000 personas" afiliadas a la coalicíón madrileña.