Menéndez explicó que ya tienen esa consideración todos los funcionarios públicos y opinó que el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre no tiene competencias para abordar este asunto.

“El personal funcionario docente, además de la autoridad profesional y moral que le es propia, en aplicación de la legislación estatal vigente en nuestro ordenamiento jurídico, ostenta la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones administrativas y disciplinarias como funcionario público y por tanto cuenta con la protección penal que de ellas se deriven”, añadió.

Menéndez, que hoy presentó una enmienda de totalidad al proyecto de Aguirre con proposición de texto alternativo, dijo que su grupo está dispuesto a negociar con el PP y con el Ejecutivo autonómico para que salga adelante una ley que tenga como objetivo fundamental mejorar la convivencia en los centros escolares.

A su juicio, es imprescindible abordar los problemas de convivencia en los colegios de la región “no sólo desde la óptica punitiva, en la que todo quede depositado mediante la vía de la sanción y de la represión de las actuaciones del alumnado, sino, antes bien, entendemos que es necesario lograr la implicación efectiva del alumnado en la responsabilidad educativa, de manera que no se perciba como un agente pasivo o ajeno a los conflictos que se suscitan en el ámbito escolar”.

El texto socialista incluye medidas para “destacar la autoridad y el respeto debido a nuestros docentes", así como otras relativas a las mejoras de las condiciones de trabajo y a la organización de los centros.

El PSM propone que todos los centros escolares cuenten con una Comisión de Convivencia, constituida en el seno del Consejo Escolar de cada uno de ellos y encargada de elaborar planes de convivencia. También plantea que se creen grupos de mediación en cada colegio para la prevención y la resolución de conflictos.