Según informó hoy la Policía, para que estas personas se registraran de forma fraudulenta como parejas estables en la Ciudad Condal los interesados abonaban hasta 4.000 euros a la trama por los documentos falsificados. La organización captaba a personas de nacionalidad española en condiciones económicas precarias, a las que pagaba hasta 1.000 euros por prestarse a esta simulación.

Las investigaciones se iniciaron con la localización de un piso en Barcelona en el que figuraba empadronada una ciudadana española residente en Sabadell que ya tenía antecedentes respecto a matrimonios de conveniencia y parejas de hecho simuladas.

En la vivienda, de tan sólo 25 metros cuadrados, figuraban empadronadas veinte personas que tras darse de alta en el domicilio solicitaban de manera inmediata la inscripción en el Registro Municipal de Parejas Estables del Ayuntamiento de Barcelona, para lo que contaban con la colaboración de un español que se prestaba al fraude.

Fruto de las pesquisas realizadas en diferentes organismos se pudo comprobar cómo el objetivo final de la trama era poner a disposición de ciudadanos extranjeros en situación irregular documentos falsos para simular empadronamiento y convivencia, y conseguir de esta manera el Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea. Asimismo, este grupo captaba a ciudadanos españoles en situaciones económicas precarias o con problemas de delincuencia, para que se prestaran al fraude a cambio de 1.000 euros.

En la investigación se llegaron a detectar hasta tres pisos en Barcelona vinculados a esta organización, en los que en total habrían figurado 60 personas empadronadas y 21 parejas fraudulentas. También en Madrid se habrían conseguido concertar 14 parejas en tres pisos de la capital.

El beneficio económico obtenido por este grupo en los últimos cuatro años se estima que alcanza los 100.000 euros. Han sido detenidas 27 personas, entre las que se encuentran el cabecilla de la trama, de nacionalidad brasileña, y tres de sus miembros. Además, hay 21 imputados y se han esclarecido 74 hechos delictivos de falsedad documental y favorecimiento a la inmigración ilegal.

Los detenidos, a quienes se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que decretó la libertad con cargos para todos ellos a la espera de juicio.