Según la asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, actualmente estos almacenan 398 hectómetros cúbicos de agua, por debajo de los 400 hectómetros cúbicos a alcanzar en cinco años establecidos como mínimo para poder trasvasar.

Sin embargo, el ministerio sostiene que en 2015 dicho mínimo es de 304 hectómetros cúbicos, por lo que se puede seguir transfiriendo agua. En concreto, Medio Ambiente defiende que su gestión se ajusta a la Ley de Evaluación Ambiental y al Real Decreto 73/2014, de 12 de septiembre de 2014, que establecen las reglas de explotación a seguir en el trasvase para calcular los recursos trasvasables desde la cuenca cedente del Tajo hasta las cuencas receptoras del Segura y del Júcar, y que para 2015 fijan un nivel de referencia de 304 hectómetros cúbicos.

La Ley de Evaluación Ambiental de 2013 establece en 400 hectómetros cúbicos el nivel de referencia para la definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo, aunque también recoge un régimen transitorio para alcanzar progresivamente ese nivel en un máximo de cinco años. Todas las normas posteriores, como el Plan Hidrológico del Tajo aprobado el 11 de abril de 2014, acatan este nivel de referencia, apunta el Ministerio.

Asimismo, La Ley de Evaluación Ambiental establece en su disposición transitoria segunda ese régimen transitorio, que pasa gradualmente del anterior nivel de referencia de 240 hectómetros cúbicos (en la ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001) a los Hm3 actuales, a razón de 32 al año.

Este se empezó a aplicar el 12 de abril de 2014, fecha en que fue aprobado el Plan Hidrológico del Tajo, y entonces se elevó el nivel de 240 a 272 hectómetros cúbicos. Por tanto, el Ministerio señala que el nivel de referencia durante 2015 es de 304 hectómetros cúbicos (272+32).

Por último, desde Medio Ambiente recuerdan que el acuerdo de la regulación del trasvase Tajo-Segura fue suscrito por las cinco comunidades autónomas de las cuencas cedentes y receptoras (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia), con el objetivo de incrementar las garantías ambientales y de preferencia de la cuenca cedente (la del Tajo), otorgar seguridad jurídica al acueducto y a todos los interesados, y mejorar el funcionamiento del trasvase.