Tras los últimos asesinatos de mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de esta violencia machista y "de las estructuras que las sostienen", la Unión Progresista de Fiscales considera indispensable "que se prioricen desde todos los sectores implicados y sus instituciones -educación, salud, servicios sociales, igualdad y justicia- políticas públicas orientadas a la prevención, formación, tratamiento y ayuda a las personas que se hallen inmersas en ese círculo de violencia, y de toda la sociedad en su conjunto".

Agrega que un reciente informe, con fecha 24 de julio, de la CEDAW (Convención de la ONU por la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres) resulta elocuente al señalar que "las medidas de austeridad financiera y económica" adoptadas por el Ejecutivo español han tenido "efectos negativos" sobre la mujer.

Por otro lado, añade el Secretariado Permanente de la UPF en una nota, "ante estos ignominiosos acontecimientos entendemos esencial la reactivación de las funciones y competencias de la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer".