Así lo anunció la presidenta regional, Cristina Cifuentes, durante la rueda de prensa posterior, en la que dijo que si sale adelante supondrá un ahorro para los madrileños de 2,3 millones de euros al año, "sin que ello suponga merma en ningún momento para la imparcialidad e independencia de la Administración pública".

Recordó que el pasado 16 de julio, el Gobierno regional dio luz verde al citado anteproyecto de ley y dijo que en el texto aprobado, las funciones desarrolladas hasta el momento por este organismo creado en el año 2007 serán asumidas por una Comisión Jurídica de la Abogacía General de la Comunidad, en el caso de los asuntos de preceptiva consulta.

Respecto a las reclamaciones contra los actos en materia de acceso a la información pública de la Administración autonómica y de las entidades locales del territorio de la Comunidad de Madrid, indicó que serán resueltas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. También será este tribunal el que tenga las competencias sancionadoras en materia de buen gobierno.

El patrimonio, los derechos y obligaciones pasarán a la Comunidad de Madrid, según Cifuentes, quien afirmó, en cuanto al personal del Consejo Consultivo, que los funcionarios de carrera con puesto de letrado pasarán a estar adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, mientras que el resto, provisionalmente, pasarán a la Secretaría General Técnica de la Consejería, Justicia y Portavocía.

Preguntada por el futuro de los expresidentes regionales, que son miembros vitalicios del citado órgano, señaló que está estudiando darles algún tipo de estatus aunque todavía no sabe cuál.