“No veníamos a parar las grandes operaciones”, dijo Calvo en un desayuno informativo, subrayando que esta intención “no estaba en el programa electoral de Ahora Madrid” ni tampoco lo han dicho nunca ninguno de los miembros del equipo de gobierno, aunque algunos hayan interpretado que lo harían.

“Pero sí tenemos la obligación de revisar esas operaciones”, puntualizó, reoordando que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, acaba de hacer lo propio con la Ciudad de la Justicia, a su juicio con buen criterio.

En este sentido, constató que las obras en Canalejas y en el centro comercial en la calle Antonio López, junto a Madrid Río, siguen su curso, si bien se han formado equipos técnicos para “repensar algunos elementos” y controlar el impacto que estas operaciones puedan tener en la vida de la zona.

Sobre la Operación Chamartín, dijo que “sigue en estudio”, y que el Gobierno municipal ya ha indicado a DUCH, el conjunto de empresas y bancos que la gestiona, que “tiene cuestiones que son discutibles”.

Subrayó que el Gobierno municipal de Ana Botella no pudo llegar a aprobar el plan parcial porque los técnicos encontraron que faltaban muchos detalles, y él, en concreto, se declaró partidario de irlo acometiendo por partes, empezando por la estación y calibrando la demanda de ciudadanos y posibles clientes y compradores, en lugar de “definir amplias áreas de intervención” como en los PAU, que luego han quedado desasistidos. En cualquier caso, aseguró que las conversaciones se desarrollan con “cordialidad”.

Finalmente, respecto a Campamento, reiteró que los terrenos son del Ministerio de Defensa y le corresponde a él convocar la subasta pública, a la que, puntualizó, el Grupo Wanda, que ha mostrado su interés por ellos, tendría que concurrir en igualdad de condiciones con otros rivales, porque no tiene “ningún derecho adquirido” sobre el solar.

Respecto a la reciente polémica con el Ministerio, la atribuyó al trámite normal por el que el Ayuntamiento le ha ido requiriendo información adicional. A su modo de ver, la responsabilidad “se achaca de forma poco honesta al Ayuntamiento”.