Según informó el colectivo, la “deriva” del texto presentado por la Subsecretaría de Defensa “no es aceptable” y así lo han hecho constar en la reunión celebrada en la comisión no permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas celebrado hoy.

Esta asociación cree que la regulación que se hace del derecho fundamental de asociación “trastoca” el régimen regulatorio del mismo, “orientándolo hacia la prohibición o limitación injustificada de su ejercicio”.

De esta manera, para la celebración de reuniones en las unidades se establece el requisito previo de la autorización del jefe de la misma, “en clara y manifiesta contravención del núcleo esencial del derecho y de la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que solo exige la comunicación”.

Ante una denegación, se impide acudir directamente a órganos judiciales, por lo que hay que recurrir obligatoriamente ante el superior jerárquico de quien la dictó, “creando un paso previo a la obtención de tutela judicial efectiva que la hace ineficaz”.

AUME denuncia que se establece la “censura previa” de los documentos informativos que las asociaciones profesionales pueden colocar en los tablones de anuncios en las distintas dependencias militares.

También, continúan, se impide el uso de las redes de información a través de la intranet del Ministerio de Defensa, en la que “únicamente” se permite ubicar un enlace de la asociación “anclado obligatoriamente” en la página web del órgano central y no en la de los Ejércitos, la Armada y el Estado Mayor de la Defensa (Emad).

El colectivo también lamenta que se niega la posibilidad a los representantes de las asociaciones profesionales estar en sus unidades de destino cuando estén haciendo uso de su crédito de tiempo, así como la utilización de los medios de su unidad.

Por último, censuran el “abuso” de la consideración de “uso oficial” de las actas e informes en las que se documenten las sesiones del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Por todo ello, AUME cree que el proyecto de orden ministerial “afecta gravemente” a derechos fundamentales como el de reunión, libertad de expresión e información y asociación profesional, anunciando que utilizará todos los medios legales a su alcance para que la citada norma no se ponga en marcha.