Victoria, que declaró voluntariamente por espacio de dos horas, se ha desvinculado de los contratos de la trama alegando que él no tenía posibilidad alguna de intervenir en la adjudicación de contratos de la Comunidad de Madrid.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, el exconsejero reconoció, sin embargo, haber hecho un pago a Indra, en su calidad de responsable de Justicia de la Comunidad de Madrid, para la implantación del sistema electrónico en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue público y transparente.

Salvador Victoria llegó a la Audiencia Nacional “muy tranquilo” alrededor de las 10.00 horas de la mañana. Acudió a pie y acompañado de su abogado. Declaró por espacio de dos horas ante el juez instructor del caso `Púnica´ y al término de su comparecencia salió rápidamente de la sede judicial para subir a un vehículo de gran cilindrada que le esperaba a la puerta.

Evitó hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación que le esperaban y una vez cerró la puerta, el coche se alejó rápidamente de la sede judicial con acelerón incluido, antes de doblar la esquina de la calle Prim con Bárbara de Braganza.

Victoria solicitó el pasado día 7 declarar voluntariamente ante el juez, tras el levantamiento parcial del secreto del sumario el pasado 22 de julio y de haber analizado con su abogado, José Javier Vasallo, el contenido de las pesquisas realizadas en el marco de esta investigación. Previamente, el exconsejero se había negado a declarar en dos ocasiones.

Acudió por primera vez a la Audiencia Nacional el 26 de junio, aunque el juez instructor pospuso su declaración después de que su defensa planteara que había sido citado cuando todavía era miembro del Gobierno regional y diputado autonómico y, por tanto, mantenía la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El magistrado le volvió a citar el 20 de julio y entonces el exconsejero se acogió a su derecho a no declarar. Entonces, el juez le prohibió salir del territorio nacional, ordenó la retirada de su pasaporte y le impuso comparecencias mensuales como medidas cautelares.

Victoria dimitió el pasado 4 de junio y está imputado por delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos que podría haber cometido al dar trato de favor al conseguidor de contratos públicos de la trama Alejandro de Pedro.

El juez investiga si Victoria cobró en metálico comisiones a cambio de contratos con la Administración regional para el posicionamiento `online´ de algunos políticos, la realización de encuestas y varios contratos de publicidad.

El juez sospecha que Victoria ordenó al exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente de su departamento, tres supuestos pagos en negro por valor de 120.000 euros que la empresa Indra debía realizar a De Pedro como contraprestación a sus trabajos de reputación 'online'.

Sin embargo, en su declaración de hoy insistió en que nunca hizo pago ilegal alguno y en que no conocía a Alejandro de Pedro, con el que sólo coincidió una vez. Únicamente admitió haberle tranquilizado sobre el cobro de las facturas que la Comunidad tenía pendientes con él.