Con este decreto, el Gobierno asegura que se elimina la doble comisión de forma que la entidad propietaria del cajero no podrá exigirla al usuario del servicio, pero sí a la entidad emisora de la tarjeta.

Además, el emisor de la tarjeta podrá repercutir o no, total o parcialmente, esta comisión a su cliente, según su política comercial.

Según señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, esta norma aporta "seguridad" y "protege" al consumidor frente a la "gran preocupación de los ciudadanos".

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó que finalmente no se ha podido hacer vía orden ministerial porque requería rango legal.

"Era necesario actuar con carácter de urgencia", aseveró el ministro, quien apuntó que en España se producen unos 900 millones de operaciones de retirada en efectivo.