La mayoría del PP tumbó una moción presentada por el PSOE en este sentido, que fue defendida por Francesc Antich, quien reclamó “una moratoria de prospecciones, se paralicen las que se están tramitando, se haga una evaluación estratégica de los impactos que suponen, se declare el mar Mediterráneo libre de prospecciones y se actualice la Ley de Hidrocarburos teniendo en cuenta los temas medioambientales”.

Antich recalcó que la Ley de Hidrocarburos es “fomentadora de prospecciones” porque “los permisos iniciales se dan casi de forma automática y sólo se tienen en cuenta los aspectos medioambientales en las fases posteriores”.

El senador socialista aludió al “impacto en los recursos marinos” que provocan las prospecciones de hidrocarburos en “un mar cerrado” como el Mediterráneo, que cuenta con “una diversidad de ecosistemas” y una “riqueza de recursos” que deberían protegerse. “Hay muchas zonas que pueden tener una gran valor y no están protegidas”, recalcó, antes de enumerar algunos proyectos presentados recientemente para sondear zonas del Mediterráneo en búsqueda de petróleo o gas natural.

Antich destacó que Francia ha prohibido estas actividades en sus aguas del Mediterráneo y que la costa peninsular y de Baleares de este mar es “una de las zonas más importantes del mundo a nivel turístico”.

El PP rechazó esta moción porque, según su portavoz, Pablo Elena, “las exploraciones y la investigación en hidrocarburos son actividades de interés estratégico, por lo que, siempre que se garantice el estricto respeto de las normas de protección de las personas y del medio ambiente, debería permitirse la evaluación de las reservas existentes en nuestro suelo”.

En este sentido, Elena explicó que España es “un país altamente dependiente de las importaciones de los productos energéticos”, que proceden de países “muy vulnerables” y supone costear “una alta factura”, y que existe una legislación de protección ambiental que hace no recomendable establecer la “prohibición genérica” de las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo.

SANTUARIO DE BALLENAS

Por otro lado, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado también rechazó, con 15 votos en contra, siete a favor y una abstención, instar al Gobierno a que apruebe la creación de un santuario de ballenas en las aguas orientales de las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura, donde las actividades humanas respeten a las poblaciones de cetáceos y no pongan en peligro la salud del mar, su biodiversidad y el desarrollo socioeconómico de las islas.

La moción, presentada por Coalición Canaria (CC), fue defendida por María del Mar del Pino Julios, quien destacó que el santuario de ballenas tendría encaje jurídico bajo la denominación de Área Marina Protegida, más amplia que la de Lugar de Interés Comunitario (LIC), y llegaría hasta la mediana de las aguas con Marruecos y no sólo a 12 millas del mar territorial del este de Canarias.

“Entre Lanzarote y Fuerteventura y la costa canaria hay más de un tercio de las especies conocidas del planeta”, apuntó Julios, que no aceptó una enmienda genérica presentada por el PP a la moción que instaba al Gobierno a seguir analizando posibles zonas para declararlas como espacios marinos protegidos, teniendo en cuenta las poblaciones de especies como los cetáceos.

Por su parte, Gregorio Ramón Medina, del PSOE, propuso que el santuario abarque “las zonas en las que Respsol realizó las prospecciones” recientemente y acusó a los populares de tener un “acuerdo oculto” con la compañía petrolífera por si ésta “más adelante se le ocurre volver allí”.

María del Carmen Leyte, del PP, respondió a Medina señalando que Repsol no ha hallado hidrocarburos de calidad suficiente en aguas canarias y que las prospecciones “están totalmente interrumpidas”, antes de añadir que el Gobierno ha incrementado la superficie marina protegida de menos de un 1% a cerca de un 8% en esta legislatura.