El principal acusado era inspector-visitador de la entidad Gestión de Planificación Urbanística S.L. (Geplaur), sociedad que se encargaba de la gestión externa de las viviendas del Ivima que estaban en régimen de acceso diferido a la propiedad, comprobando entre otras cosas si estaban ocupadas o no por los adjudicatarios.

Esta persona, Julio González Moreno, ofreció a un primo de su mujer una de estas viviendas, cuya adjudicataria real había fallecido y al hijo de la cual se le denegó la subrogación. La base de datos informáticos del Ivima fue manipulada y apareció como titular de la adjudicación el citado primo de la mujer del inspector. Posteriormente se siguió un sistema parecido para comprar al Ivima otras tres viviendas, todas ellas en la zona de San Blas o Vallecas.

González Moreno fue condenado por la Audiencia de Madrid a cuatro años y siete meses de cárcel por estafa continuada en concurso con falsedad documental, mientras que el primo de su mujer, Alberto Cabezas Espigares, ve confirmada una pena de tres años.

Otros tres acusados, que obtuvieron otras tantas viviendas pese a no ser adjudicatarios, han resultado condenados a un año de cárcel por estafa. El Supremo sólo corrige la pena a uno de estos últimos, al que le absuelve de la falsedad documental por la que fue condenado en primera instancia. La sentencia ratifica la declaración de nulidad de las cuatro ventas realizadas por el Ivima en el marco de la estafa.