El presidente de la CNAE, José Miguel Báez, indicó en un comunicado que “las diferencias subsistentes deberían ser limadas con calma por la administración y los sindicatos, una vez restablecido el servicio”.

“La sociedad y los centros de formación vial no pueden ser rehenes por más tiempo de un conflicto que ha entrado en su sexta semana y que ha dejado sin examinar hasta ahora a más de 60.000 aspirantes a conductores y ha hecho que se pierdan infinidad de horas de trabajo, entre traslados y aplazamientos”, añadió.

La CNAE indicó que las discusiones acerca de si los examinadores deben o no comentar ‘in situ’ el resultado de la prueba práctica sin dar la nota final son “bizantinas” e invitó a las partes a llegar a un entendimiento.

Las autoescuelas tacharon de “gesto inútil” que el comité de huelga exija a la directora general de Tráfico, María Seguí, firme un manifiesto en apoyo de la gestión pública de los examinadores de conducir, puesto que no depende de la DGT determinar la índole privada o pública de ese trabajo.

En todo caso, la CNAE recordó que la DGT está obligada a dar el servicio y que tiene en su mano “una rápida solución a la escasez de examinadores: centenares de profesores de formación vial podrían reforzar la plantilla de funcionarios en el plazo de un mes”. “Están muy bien preparados y conocen a la perfección la operativa de las pruebas. Sólo hace falta voluntad política”, concluyó.