La Audiencia Nacional considera que no se han conculcado los derechos de comunicaciones y visitas, defensa y asesoramiento jurídico, a la asistencia médica, a la cultura o a la educación fundamentales de los recurrentes, ni se ha contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"En este caso ninguna vulneración de derechos fundamentales con cobertura constitucional, u ordinaria, tanto a nivel nacional como internacional, se ha producido, ni se han contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni de ningún otro", dicen los magistrados.

Entre otros argumentos, la Sala explica que en la actualidad, a la vista de los acontecimientos sociales como el cese definitivo de la actividad armada, la política de dispersión ha sido modificada, posibilitando "una especie de reagrupamiento controlado de los internos que han roto sus vínculos" con ETA, la denominada `Vía Nanclares´, en referencia a la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, donde se encuentran presos que han expresado su disidencia con la organización terrorista.

El magistrado Ramón Sáez ha formulado un voto discrepante en el que sostiene que la cercanía, en ocasiones, a la familia y a los amigos "puede convertirse en un mecanismo de conexión con una realidad social cambiante que rechaza la violencia terrorista, lo que podría propiciar procesos de reflexión en clave de reconocimiento del daño causado a la víctimas".