La citada circular fue enviada a las Fuerzas de Seguridad con anterioridad a la celebración del Pleno del Parlamento catalán y en prevención de que éste aprobara la resolución que daría inicio al proceso de independencia y que el TC la suspendiera, cosa que aún no ha sucedido.

Según la Fiscalía, los delitos en los que funcionarios y autoridades no aforadas podría incurrir si desobedecieran al TC podrían ser de rebelión, sedición y contra la forma de gobierno con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado. En todos estos casos, la competencia para investigar estos asuntos recae en la Audiencia Nacional.

Este tribunal, sin embargo, no puede afectar a la presidenta de la Cámara catalana, los parlamentarios o miembros del Gobierno autonómico por estar aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se trata por tanto de vigilar las actuaciones de funcionarios, incluso los encargados de la seguridad, que reciban órdenes de los parlamentarios aforados para que realicen cualquier gestión. A todos ellos les advierte de que no pueden argumentar obediencia debida para excusar su actuación.

En un documento de once folios, el fiscal jefe ordena que cualquier actuación de la naturaleza descrita le sea comunicada a él y al juzgado de guardia de la Audiencia sin dilación alguna, que, de darse, podría generar responsabilidades penales.