Garzón presenta este miércoles junto a Europa Laica sus propuestas para hacer realidad la laicidad con “plena separación entre Iglesia y Estado”. En el borrador de las propuestas, al que tuvo acceso Servimedia, plantea modificar el artículo 16 de la Constitución para dejar claro que el Estado “es laico” y “ninguna convicción particular, ideología o confesión religiosa tendrá carácter estatal”.

“Se garantiza la libertad de pensamiento, conciencia, religión y otras convicciones de las personas, sin más limitación en su manifestación y organización que la necesaria para el cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución y en las leyes”. “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, creencias o religión”, concluiría ese precepto.

Para garantizar ese principio se modificaría también el artículo 27 de la Constitución, que plasmaría la laicidad en la Educación y, por tanto, la exclusión de la religión en los currículos, sin subvencionar centros educativos “con ideario propio, ya sea de carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular”.

En esa misma línea, propone denunciar y anular el Concordato de 1953 y los Acuerdos de España con el Vaticano de 1976 y 1979, además de los firmados con otras confesiones religiosas.

La actual Ley de Libertad Religiosa de 1980 sería sustituida, según ese programa, por una nueva Ley de Libertad de Conciencia que proteja y garantice la libertad de pensamiento, conciencia y convicciones, y su práctica sin distinciones ni privilegios. También se eliminarían de la Ley de Mecenazgo y demás normas “los enormes privilegios fiscales de la Iglesia Católica y de cualquier otra confesión religiosa” y que suponen la exención total o parcial en los diferentes impuestos.

Además, se compromete a declarar por vía legislativa como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia Católica restituyéndolas a su anterior situación catastral, previo listado de todo lo inmatriculado desde 1946 hasta la modificación de la Ley Hipotecaria.

La idea es que todas las iglesias, confesiones y comunidades religiosas sean asociaciones sometidas al derecho común, y que se deroguen los artículos 522 a 525 del Código Penal que tipifican como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, así como los del Código Civil que dan validez civil a los matrimonios y nulidades matrimoniales religiosas.

En cuanto a “cuestiones simbólicas”, Garzón propone que ninguna autoridad pública o funcionario pueda participar en calidad de tal en actos de carácter confesional, eliminar cualquier tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y suprimir todo tipo de honores a imágenes, advocaciones, santos o símbolos religiosos, quedando sin efecto los realizados hasta ahora. Además, se suprimiría la celebración de ceremonias religiosas en actos oficiales organizados por el Estado y toda presencia oficial de las Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esos actos.

Los honores y protocolo de las administraciones y entes públicos quedarían adecuados a la laicidad establecida en la Constitución, y se eliminarían las capillas de cualquier lugar público dependiente de la Administración, así como la figura de los “capellanes funcionarios”, católicos o de cualquier otra confesión. Los medios de comunicación de titularidad pública dejarían de emitir cultos o ritos religiosos.

En el bloque de medidas económicas y fiscales, se eliminaría la financiación estatal a las confesiones religiosas así como las aportaciones patrimoniales. Quedaría eliminada la financiación a través de la casilla del IRPF, y mientras se acomete esa modificación el Estado dejaría de entregar cantidades a cuenta. La Iglesia Católica debería entregar al Congreso de los Diputados una memoria sobre toda su actividad económica desde 1979.

IU establece la obligación del Estado en todos sus niveles de velar por el mantenimiento y registro del patrimonio histórico artístico en poder de las confesiones y considera que “debe buscar fórmulas de desamortización paulatina y para uso público del patrimonio de la iglesia católica por el interés general y/o cuando éste participa en su mantenimiento y restauración, como viene obligado por Acuerdos bilaterales y por la actual ley de Patrimonio vigente”.

En virtud del principio democrático de igualdad de los ciudadanos ante la ley, las confesiones estarían sujetas a derecho privado y se garantizaría jurídicamente el ejercicio del derecho de apostasía. Además, de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño y otras Convecciones internacionales, el Estado tendría que garantizar que todas las confesiones proporcionan facilidades para anular la vinculación en casos de bautismo o similares rituales de pertenencia que se practican siendo menores por voluntad de los progenitores.

En ese mismo bloque está la propuesta para que los cementerios sean civiles y los familiares de los difuntos puedan celebrar las ceremonias que les parezcan pertinentes. “Ningún símbolo, icono o emblema de cualquier tipo, representativo de una religión o de una ideología particular, podrá presidir estos espacios públicos, a excepción de los que a los familiares del difunto decidan exhibir en la sepultura del fallecido. Los ayuntamientos deben, si es posible, procurar espacios específicos para enterramientos de religiones organizadas minoritarias, si lo solicitan”, indica.