“Tenemos conocimiento de juzgados que archivan la causa penal alegando que ‘los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna’, por lo que las víctimas se ven abocadas a acudir a la vía civil para efectuar las reclamaciones a las aseguradoras”, señalaron la ACP y DIA en un comunicado conjunto.

Además, apuntaron que “en determinados casos” se han archivado los procedimientos sin que el juzgado haya reclamado el atestado policial del suceso, así como “sin constatar la dinámica del accidente y la gravedad de la imprudencia cometida, lo que en la práctica supone prejuzgar el carácter leve de la imprudencia”, con lo que se deja de verificar el estado de las lesiones de la víctima “por el mero hecho de tratarse de una denuncia por accidente de circulación”.

En este sentido, recalcaron que el Código Penal deja en manos de los jueces de instrucción la decisión de no investigar los accidentes de circulación, de no valorar las lesiones y las secuelas en las personas y de dejar de tasar los daños materiales.

Con ello, indicaron que las víctimas se ven abocadas a reclamar por la vía civil las indemnizaciones a las aseguradoras, que es “mucho más gravosa y costosa que la penal”.

“Han de costearse los peritos para acreditar la dinámica del accidente, que, además, no tienen el carácter de agentes de la autoridad con presunción de veracidad. No podrán disponer de forenses que les evalúe lesiones y secuelas, debiendo costearse peritos valoradores de daño personal, así como peritos tasadores de los daños materiales. Además, corren con el riesgo de ser condenados en costas, las cuales son de una altísima cuantía, si las pretensiones no son estimadas en sentencia”, apostillaron.

"INMEDIATA REFORMA"

Por ello, la ACP y DIA reclamaron a los candidatos a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre que procedan a “la inmediata reforma” del Código Penal una vez se constituya el nuevo Parlamento, con el fin de garantizar la protección de las víctimas de circulación y la restauración de la imprudencia con resultado de lesiones o muerte como infracción penal.

El presidente de DIA, Francisco Canes, comentó que ha pedido una reunión con el fiscal de sala coordinador de Seguridad vial, Bartolomé Vargas, para abordar “esta preocupante situación en la que se encuentran las víctimas de tráfico”. “Después de sufrir las graves consecuencias y secuelas que suponen un siniestro de tráfico, se ven arrastradas por un Código Penal que no las ha tenido en cuenta”, lamentó.

Canes reclamó a Vargas que elabore una circular en la que se incluyan criterios de actuación de los fiscales en línea con lo manifestado por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en el sentido de que “lo que hasta ahora considerábamos falta de imprudencia se considere como delito leve o delito grave” y que “únicamente queden fuera del ámbito penal los de menor calado, los de menor o mínima trascendencia”.