Y es que según explicó la presidenta de la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid y miembro de Aseaf, Elvira Perona, “existe una gran variabilidad en la gestión del acogimiento familiar según las comunidades”.

Aseguró que Aseaf está trabajando en un proyecto para recopilar datos sobre los recursos de los que disponen las familias acogedoras en cada comunidad autónoma para hacer un análisis comparativo. Indicó que aunque aún no se tienen datos de todas las autonomías, “ya se puede extraer la conclusión de que existe una gran disparidad”. “Mientras en unas comunidades las familias reciben ayudas para el apoyo o el material escolar, para determinados tratamientos sanitarios, etc. en otras no”, aseguró.

Por su parte, Luis Carlos Chana, responsable de Infancia en Dificultad Social de Cruz Roja, entidad que trabaja desde hace 26 en programas de acogimiento familiar, definió esta figura de protección del menor como “un acto de cooperación social”.

Explicó que mientras “la ciudadanía ofrece sus hogares a los menores, el Estado debe ser el garante de este servicio a través de la derivación de competencias a las comunidades autónomas”. Sin embargo, lamentó, “no se puede entender como hay CCAA que supeditan el apoyo económico a los acogedores de familia ajena y en función de su renta”, por lo que defendió la necesidad de una inversión en políticas públicas “para que esto no resulte gravoso económicamente a los acogedores”. Además, explicó que “la nueva legislación solo va a poder desarrollarse si se dota de soportes técnicos y de recursos a través de ayudas a las familias”.

En este sentido, David Córdova, socio fundador y director de Vinces, recordó que la Administración destina unas 10 veces más al acogimiento residencial que al familiar. De hecho, el 91% de los recursos destinados al acogimiento van al residencial, y solo el 9% al familiar.

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

Los expertos reunidos en el citado encuentro nacional coincidieron en la necesidad de fomentar el acogimiento familiar frente al residencial, ya que los centros residenciales no pueden cubrir todas las necesidades de los menores.

En este sentido, el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios informó de que los niños que entran en centros generan un índice de problemas mayor que los acogidos por una familia. “Tenemos suficientes argumentos para asegurar que los centros de internamiento no satisfacen todas las necesidades de los menores, fundamentalmente de tipo social, emocional o relacional”, dijo.

Por este motivo, explicó que, además, “los niños que crecen en centros residenciales sufren procesos de recuperación más largos que los niños que viven en una familia”.

Y es que, indicó, estos menores proceden de situaciones problemáticas, donde ha predominado la adversidad, por lo que necesitan un ambiente estable y “reparador y terapéutico que debe de ser el familiar, en el que haya quien viva entregado a ellos, quien les enseñe a regular su conducta, sus emociones”.

Sin embargo, y pese a que la nueva Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia establece que ningún menor de 3 años debe crecer en centros residenciales, Palacios informó de que “España es uno de los países europeos donde más menores de 3 años viven en residencias”.