En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el gobierno ha dado luz verde al real decreto que regula estas prueba.

En la última Conferencia Sectorial de Educación, el Gobierno central y las comunidades autónomas acordaron retrasar la aprobación del diseño final de las evaluaciones de final de ESO y Bachillerato, que entrarán en vigor en 2017, y sacar adelante la presente norma dada su urgencia.

Según el ministerio, se trata de exámenes individuales y censales, esto es, que afectarán a todos los alumnos que terminen 6º de Primaria en todo el Estado; serán corregidos por personal funcionario externo al centro y “no tendrán efectos académicos” de cara a la promoción de curso.

Asociaciones de padres y sindicatos de profesores habían denunciado en cambio la inseguridad asociada a este último punto, pues temen que en la práctica la nota de este examen condicione el paso de un alumno a Scundaria.

Estas pruebas tendrán un máximo de 200 preguntas (el 40% de ellas tipo test) y precisa el texto que ls cmunidades atónomas podrán utilizar los resultados para establecer planes específicos de mejora de los centros, teniendo en cuenta su situación de partida y características socioeconómicas; que los colegios, profesores y padres recibirán un informe con el resultado del estudiante (Sbresaliente, Notable, Bien, Suficiente e Insuficiente) y que se podrán establecer ranking de centros. De hecho, esta posibilidad de clasificar a los centros también levantó grandes ampollas entre la comunidad educativa.

Se estima que la primera convocatoria de las pruebas de evaluación de Educación Primaria, cuyo diseño final correrá cargo de las autonomías, será realizada por un total de 481.375 alumnos que cursan actualmente el sexto curso en casi 14.000 centros docentes.

Según Sáenz de Santamaría, el propósito de esta evaluación es comprobar el grado de adquisición por los alumnos de la competencia en comunicación lingüística y matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa fijados en la ley. En las autonomías con lengua propia también se evaluará el conocimiento de esta última.

Con ello se busca diagnosticar dificultades de aprendizaje en dichas áreas; facilitar la transición entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y orientar e informar sobre necesidades de intervención, mejora o adaptación curricular.

La vicepresidenta incidió en que con la introducción de estas evaluaciones finales externas, “España se suma a la tendencia internacional mayoritaria en los países de la OCDE”.