Las modificaciones afectan a los organismos de control de la seguridad industrial y a los organismos de normalización.

A partir de ahora, los organismos de control de la seguridad industrial deberán acreditar su competencia técnica a través de la Entidad Nacional de Acreditación y, obtenida la acreditación, podrán ejercer su actividad en todo el territorio nacional con la presentación de una declaración responsable ante la comunidad autónoma donde inicien su actividad, sin que les sea exigible una autorización administrativa previa.

Asimismo, deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil, aval o garantía financiera equivalente, de una cuantía mínima, por siniestro, de 1,2 millones de euros.

Las modificaciones introducen la obligación de separar las actividades de normalización de las de evaluación de la conformidad, asegurando el principio de no discriminación de estos organismos y potenciando la colaboración con la Administración Pública.

Además, se regula la periodicidad con la que han de cumplir determinadas obligaciones de información y publicación de las normas sobre las que recae su actividad.