Tras afirmar que “desde que se registró la creación de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular ha procurado que la organización de los trabajos fuera conforme al Reglamento y se procediera con la mayor seriedad y rigor”, los autores del escrito afirman que, “en ocasiones, determinados comportamientos de la presidenta de la citada comisión se han alejado de la lógica parlamentaria y del respeto institucional que debe presidir la actividad de todos los diputados en esta Cámara”.

“En nuestra opinión, algunas de sus actuaciones han excedido de las funciones que están determinadas en el art. 66.2 del Reglamento de la Asamblea para los presidentes de las comisiones”, según explica el citado escrito de queja ante la “negativa a elaborar un plan de trabajo serio y riguroso tal y como determina el Reglamento”.

“La presidenta de la comisión se ha negado a atender desde un principio las observaciones sobre procedimiento hechas por el Grupo Popular y esta actitud ha sido determinante para los conflictos que se han generado desde la puesta en marcha de la misma”, a juicio del PP.

El PP también se refiere en su escrito a las “alusiones constantes a una supuesta confrontación con la Mesa de la Asamblea”.

“En ese mismo sentido”, añaden los autores del escrito, “la presidenta de la comisión trata de hacer creer que las indicaciones que hace la Mesa de la Asamblea a la Mesa de la Comisión son responsabilidad de la presidenta de la Cámara, cuando las decisiones son colegiadas y la mayoría de las que afectan a la comisión han sido tomadas por unanimidad, es decir, contando con el voto del miembro de Ciudadanos que está en la Mesa de la Asamblea”.

Asimismo, el PP considera que la diputada de Ciudadanos “no ejerce, de acuerdo al reglamento, las funciones que le corresponden durante el desarrollo de las sesiones de la comisión”.

“La presidenta se vio obligada a dar un turno de alusiones al exconsejero de Vivienda Pablo Cavero tras graves acusaciones de Podemos, pero lo hizo a instancia del PP, no de ella misma en su calidad de presidenta de la comisión”, según los autores del escrito, que añaden que “el expresidente Ignacio González tuvo que pedir amparo antes acusaciones e insinuaciones del portavoz de Podemos, y la presidenta se limitó a decir que podría contestar en su turno, hasta que fue reconvenida por el letrado y tuvo que hacer una llamada de atención y amparar al compareciente que vio vulnerado su derecho al honor”.