El su informe "La 'política de puño de hierro’: Criminalización de la disidencia pacífica en Kuwait", Amnistía detalla la represión de la libertad de expresión que viene produciéndose en este país desde 2011, en el marco de un deterioro general de los derechos humanos, y refleja cómo las autoridades recurren cada vez más a numerosas leyes restrictivas para silenciar las voces críticas.

“En los cinco años transcurridos desde el inicio de la oleada de protestas populares en el mundo árabe hemos asistido a una erosión constante e implacable de los derechos humanos en Kuwait, a medida que las autoridades aumentan la represión de la disidencia. Decenas de críticos pacíficos han sido detenidos y encarcelados por el mero hecho de pronunciarse contra la sombra de represión generalizada", dijo James Lynch, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Lynch señaló que “aún no es demasiado tarde para invertir esta espiral de violaciones de derechos humanos” y apuntó que “Kuwait vive un momento crítico”. “El Gobierno está ante una clara disyuntiva: dejar que el país caiga en una represión más profunda o tomar medidas urgentes para demostrar que sus declaraciones públicas de compromiso con los derechos humanos son algo más que promesas vacías".

Amnistía Internacional indica en su informe que la represión comenzó en 2011, en respuesta a las manifestaciones organizadas por miembros de la comunida ‘bidun’ (apátridas), aunque las autoridades comenzaron a actuar para restringir la libertad de expresión con las protestas que se produjeron durante las manifestaciones de dignidad nacional de 2012, en las que miles de personas tomaron las calles para oponerse a una nueva ley electoral y protestar contra las denuncias de corrupción del gobierno.

Al continuar las protestas, acompañadas por una oleada de críticas en las redes sociales, el Gobierno anunció una "política de puño de hierro" en 2014, prometiendo "hacer frente de manera firme y decidida a todo lo que pudiera socavar el Estado, sus instituciones y la Constitución".

CÁRCEL POR ‘OFENDER’ AL EMIR

Amnistía Internacional destaca que las autoridades “siguieron estrangulando la libertad de expresión mediante una red de leyes imprecisas y generales contra la difamación”, al tiempo que cerraron medios de comunicación e invocaron la Ley de Nacionalidad del país para retirar la ciudadanía a algunos críticos.

Así, en los últimos años se ha producido un aumento de las actuaciones judiciales ante comentarios considerados "ofensivos" o "injuriosos" para el emir de Kuwait y otros gobernantes árabes, o percibidos como "lesivos" para las autoridades. En los últimos dos años, los medios de comunicación kuwaitíes han informado sobre más de 90 casos de personas que se enfrentan a esos cargos ante los tribunales.

Las leyes actuales castigan con cinco años de cárcel cualquier expresión que socave o ponga en tela de juicio la figura del emir. También está penado reproducir las palabras del emir sin permiso oficial. Leyes similares regulan los comentarios que se consideren peligrosos para la seguridad nacional o difamatorios de la religión o las figuras religiosas.

"No se debe enviar a nadie a la cárcel sólo por expresar pacíficamente su opinión, por muy desagradable que ésta pueda resultar a quienes están en el poder", comentó James Lynch, quien agregó que “las leyes que reprimen la libertad de expresión son totalmente contrarias al derecho internacional”. “En lugar de ponerse a la defensiva, las autoridades de Kuwait deben reconocer las críticas y considerar este tipo de comentarios una oportunidad para el debate y el diálogo", apostilló. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que las figuras políticas, incluidos los jefes de Estado, "pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política".

Amnistía Internacional subraya que muchos de los encarcelados en la actual campaña de represión son presos de conciencia, elegidos sólo por ejercer sin violencia su derecho a expresarse libremente. Algunos se enfrentan a numerosos cargos y están inmersos en múltiples y costosos pleitos, enfrentándose cíclicamente a procedimientos judiciales y condenas de cárcel. Los procesos judiciales se extienden a veces durante años, pues los retrasos y los aplazamientos son habituales.

“En lugar de acorralar a los críticos como si fueran delincuentes, las autoridades de Kuwait deben demostrar que hablan en serio sobre los derechos humanos poniendo en libertad urgentemente a todos los presos y presas de conciencia, derogando o revisando leyes que se utilizan para reprimir la libertad de expresión y cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", concluyó Lynch.