En un comunicado, Industria explica que no se había pedido todavía ninguna devolución porque este proceso requería complejos cálculos para determinar las ayudas concretas que debían considerarse incompatibles, algo que estaba haciendo la Agencia Tributaria.

Además, indica que la sentencia, que condena asimismo a la Comisión al pago de las costas del proceso, tiene carácter ejecutivo desde su lectura, por lo que la anulación de la decisión surte efectos de forma inmediata desde esta fecha, y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el plazo de dos meses, ampliable en diez días por razón de distancia.

El Tribunal General de la Unión Europea considera que el sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF), también conocido como antiguo ‘tax lease’, es legal y no constituye ayuda de Estado, tal y como denunciaba la Comisión Europea.

En una sentencia hecha pública hoy, el TGUE da así la razón al Gobierno español, que defendió desde un primer momento que el SEAF no tenía carácter selectivo, dado que todos los contribuyentes en España que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios del sistema.

El antiguo régimen de ‘tax lease’ comenzó a funcionar en España en el año 2002. Con él se realizaron 273 operaciones por un valor de 8.727.997.332 euros.

Según Industria, este sistema permitía a los astilleros españoles competir en el mercado internacional en igualdad de condiciones con sus competidores, entre ellos los astilleros holandeses, que contaban con sistemas similares en sus respectivos países.