En el caso de Reino Unido, su normativa castiga con una pena de seis meses de prisión la agresión como la sufrida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante un paseo electoral por las calles de Pontevedra. Esa pena se aplica en caso de agresión a la autoridad, sea cual sea su rango, tanto si se trata del primer ministro como si es un agente urbano.

En Alemania, el Código Penal recoge la coacción al presidente federal y a los miembros de un órgano constitucional como hechos punibles con pena privativa de libertad de tres meses a cinco años, y en casos especialmente graves de uno a diez años.

Estados Unidos distingue las agresiones a funcionarios locales, estatales y federales. En el caso de un funcionario federal la agresión conlleva una multa y una pena de prisión que puede alcanzar los ocho años y aumentar en función de las lesiones provocadas. En el caso concreto del presidente, se contempla una pena de hasta diez años más los agravantes que se consideren en función, por ejemplo, del uso de armas. Además, solo por amenazas la pena puede alcanzar los cinco años.

En el caso de la agresión a Rajoy, la Policía acusa al autor de un delito de "atentado contra el presidente del Gobierno", aunque al tratarse de un menor es la Fiscalía de Menores la que se hace cargo del caso.

El Código Penal tipifica la agresión contra cargos públicos, incluido el jefe del Ejecutivo, en el artículo 550, donde se castigan “los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia”.

En este artículo se explica que esta conducta delictiva incluye “los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.

El 550 del Código Penal establece que estos “atentados” serán castigados “con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos”.