Según el anuncio de este concurso público, que ha sido publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado, el importe neto de licitación del concurso es de 3.198.347,11 euros anuales, que se incrementan hasta 3.870.000 euros al aplicarse el IVA del 21%.

El periodo de aplicación del contrato es de un año, que puede ser prorrogado otro año adicional. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas del 6 de febrero de 2016.

Este sistema telemático de seguimiento debe ser impuesto por un juez. Consiste en una pulsera que debe llevar el condenado y de dos dispositivos GPS, uno que lleva también el maltratador y otro que utiliza la víctima.

La distancia de alejamiento aconsejable para que el sistema sea eficaz debe ser, al menos, de 500 metros: el dispositivo de posicionamiento GPS (denominado 2Track) que porta la víctima se encuentra vinculado al brazalete que porta el inculpado o condenado que emite una señal de radiofrecuencia permanentemente y que es recibida por el dispositivo de posicionamiento de la víctima, que recibe una señal de alarma cuando el dispositivo que porta el maltratador supera la distancia fijada.

El sistema permite también configurar en los dispositivos cuantas zonas de exclusión fijas se estime necesario, es decir, realizar el seguimiento de la prohibición de aproximación a distintas ubicaciones físicas como el domicilio, lugar de trabajo, centro escolar o el término municipal íntegro.

La resolución judicial que acuerda esta medida o pena de prohibición de aproximación a la víctima se comunica al Centro de Control Cometa, desde donde se controlan estos dispositivos durante las 24 horas los 365 días del año. La colocación del dispositivo al maltratador se realiza en sede judicial.

El 'Protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género' fue aprobado por medio del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado el 11 de octubre de 2013.

Sanidad debe contratar la prestación del servicio del Sistema de Seguimiento con una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la monitorización, operación e instalación de los dispositivos del Sistema de Seguimiento y control de las alarmas. Estas tareas son desarrolladas por el Centro de Control Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.