En un comunicado, considera que la subasta es “una muestra más de la improvisación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia energética” y, a falta de tener más información de la que ha trascendido, ve con “incertidumbre” la materialización de los proyectos adjudicados. APPA discrepa “totalmente” de Industria de que con esta adjudicación España esté en la senda de cumplir el objetivo comprometido con la Unión Europea de alcanzar el 20% de renovables en 2020.

La asociación ya denunció que el mecanismo de adjudicación previsto en la subasta podría derivar en un resultado “alejado a la realidad del sector, como así ha sucedido”.

En las alegaciones realizadas por APPA durante la tramitación de las diferentes normas ya propuso correcciones para evitar las consecuencias negativas del mecanismo establecido, que no se tuvieron en cuenta.

“Como era previsible, la subasta se ha mostrado más como un producto financiero y los adjudicatarios podrían tener dificultades para desarrollar los proyectos”, lamentó.

En este sentido, recordó que en anteriores procesos de adjudicación se requerían todo tipo de requisitos para dar continuidad a los proyectos, mientras que ahora, “muy al contrario, la subasta, puesta en marcha al final de la legislatura de forma improvisada y con la visión cortoplacista tan habitual en el Ministerio de Industria, solo ha tenido en cuenta la componente financiera, ya que solo se requería un aval para participar”.

Así, señaló que tanto los mecanismos de adjudicación contenidos en la subasta como la “compleja” metodología de asignación de retribución incluida en el RD 413 han llevado a un resultado de la subasta “cuando menos sorprendente, que se aparta de la ortodoxia económica”.

POTENCIA INSUFICIENTE

Por otro lado, agregó, se ha demostrado que la marginalidad incluida en la subasta “no es lo más eficiente en este tipo de mecanismos competitivos”.

“Es significativo que la mayoría de los principales promotores del sector no hayan resultado adjudicatarios” y “la gran concentración de las adjudicaciones plantea dudas sobre la metodología empleada”, añadió.

La asociación dijo ver que la nueva potencia renovable adjudicada es “claramente insuficiente” para que contribuya de manera efectiva a cumplir los objetivos comprometidos con Europa a 2020 y además llega “demasiado tarde”.

Los 700 MW adjudicados representan solo el 8% de los 8.500 MW que, según la Planificación Energética del propio Ministerio de Industria, sería necesario instalar hasta 2020 para cumplir nuestros objetivos. Por ello, “hasta 2019 no se sabrá si los 700 MW se han hecho efectivos y se incorporan al sistema eléctrico”, sostuvo APPA.