Así lo recomienda Fedea en un informe en el que analiza la regulación de los servicios de autobús interurbano responsabilidad del Ministerio de Fomento y mide el impacto de la misma sobre las tarifas pagadas por los usuarios.

Entre las propuestas del informe con respecto a una reforma del sector figura también la posibilidad de que los adjudicatarios de los servicios cuenten con mayor autonomía para configurar las rutas o la revisión de los plazos de las concesiones.

Todo ello conllevaría una revisión del actual mapa de concesiones, que no ha sido objeto de modificación sustancial en las últimas tres décadas.

El trabajo destaca que a pesar de la competencia de otros medios de transporte, como el ferrocarril, el avión o el vehículo compartido, el autobús mantiene una cuota de mercado superior al 50% en el transporte interurbano.

Asimismo, explica que el proceso de concentración de los últimos años hace que, actualmente, ocho grupos empresariales gestionen el 88% de la demanda en servicios bajo responsabilidad del Ministerio de Fomento.

El informe detalla la evolución que han tenido los pliegos de las concesiones desde la firma, en el año 2007, de un acuerdo entre el Ministerio y los agentes del sector.

A este respecto, valora que la interposición de recursos judiciales, la aplicación del reglamento europeo de servicios públicos de transporte (CE 1370/2007) y los distintos informes elaborados por las autoridades de defensa de la competencia (CNC y su sucesora CNMC) han provocado continuas modificaciones en los pliegos de las concesiones de forma que se han eliminado progresivamente aquellos elementos que más dificultaban la competencia y que beneficiaban al operador establecido.

Sin embargo, advierte de que subsisten factores que dificultan la competencia en el mercado y elevan el coste del servicio. En este sentido, considera que la introducción de un canon por parte de la Administración, la obligatoriedad de subrogar la plantilla adscrita a la concesión y la preferencia por el operador vigente en caso de empate pueden condicionar el resultado del concurso.

Asimismo, el estudio detecta dificultades del actual sistema de regulación del autobús interurbano generados en un contexto en el que el autobús compite con la aviación de bajo coste, el ferrocarril de alta velocidad o incluso con el coche compartido.

Por último, el trabajo analiza una muestra de 164 rutas interprovinciales durante el verano de 2015 para cuantificar el impacto del marco regulatorio sobre la tarifa que paga el usuario.

Así, detecta diferencias de hasta un 34% en el precio por kilómetro entre servicios comparables que han sido objeto de concesión bajo distintas normativas.

Los más económicos son aquellos que fueron otorgados recientemente en concursos competitivos tras la aprobación en la última legislatura de la Ley de Ordenación del Transportes Terrestre (incluso si han sido renovados posteriormente), mientras que en el lado opuesto, los más caros son los servicios de responsabilidad autonómica, los cuales en numerosos casos han sido objeto de prórroga discrecional tras la finalización de la vigencia de la concesión.