Por ello, en declaraciones a Servimedia, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), Francisco García, pronosticó que la situación será “complicada” si la Administración no desarrolla “un mecanismo automático”, con el que “cuando una persona vaya a ser contratada en un código de actividad de los que se identifique que trabaja con menores pueda inmediatamente de oficio proporcionar el certificado negativo de que no tienen este tipo de delitos”.

García, que no se opone a la reforma de la Ley del Menor y la Protección de la Infancia, hizo estas declaraciones en respuesta a las colas que se están produciendo en algunas dependencias de Justicia para solicitar el certificado de penados y las quejas de los usuarios que no han podido hacerlo por vía telemática al no contar con DNI electrónico o un ordenador con aplicaciones modernas.

“El problema es que si el 1 de marzo entra en funcionamiento el registro centralizado de delincuentes sexuales, mientras tanto se está produciendo una situación paradógica. El Consejo General del Poder Judicial dijo que debía contener la información pertinente y no excesiva y por el tiempo necesario”, agregó. Por ello, FECCOO ve “con preocupación” que se estén pidiendo certificados de penales “que contienen información impertinente y excesiva” en esta fase intermedia.

“Hasta marzo habrá que ser muy cautelosos”, aseveró García, en un contexto “de interinidad de gobierno” en la que se pueden estar produciendo “situaciones de vacío de poder”.

“NEGOCIAR SIN PRISAS”

Por su parte, el secretario general FETE-UGT, Carlos López-Cortiñas, también espera al cambio de Gobierno para poder negociar “con tiempo y sin prisas” con el futuro responsable de Educación sobre cuestiones que afectan a este ámbito, en concreto en el marco de un nuevo Estatuto.

López-Cortiñas dijo, además, a Servimedia que, en lo que respecta al registro de delincuentes sexuales, hay que diferenciar entre aquellos que ya están trabajando, "de los nuevos ingresos". En los primeros deja en manos de directores e inspectores “que se tomen medidas” o si hay “sospechas” de delitos a menores “que haya una vigilancia especial”.