Concretamente, la moción rechazada, presentada a instancia del diputado Joan Tardà (ERC), pide al Congreso de los Diputados que manifieste su voluntad de constituir una comisión no permanente que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor.

Además, pide que la Cámara Baja inste al Gobierno a presentar un proyecto de ley de regulación de la eutanasia, basada en la decisión libre, informada y consciente de la persona.

Durante el debate parlamentario, el diputado Tardà señaló en el hemiciclo que “existe demanda social” sobre eutanasia y que “la sociedad está lo suficientemente madura para metabolizarlo”.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda de sustitución, rechazada por ERC-IU-ICV, para promover una respuesta integral y coordinada por parte de las administraciones implicadas que permita la mejora de la calidad de la atención que se presta a las personas en situación de enfermedad avanzada o terminal y la asistencia ante la muerte, respetando en todo momento los valores y la autonomía de la persona.

Impulsar la actuaciones relacionadas con la información, la investigación, la formación de profesionales y la sensibilización, en aspectos como el alivio del dolor y el sufrimiento, la importancia de cada persona como individuo autónomo y único, considerando las expectativas del paciente y de su familia sobre la respuesta del sistema sanitario al final de la vida y la solidaridad frente al sufrimiento.

La diputada socialista Pilar Grande Pesquero manifestó que el derecho a una muerte digna no debería circunscribirse sólo a cómo debe regularse en el Código Penal. “Los responsables públicos tenemos la obligación de que la muerte sea un momento de sosiego y de dignidad”, dijo y recordó que el PSOE ha ido poniendo los medios necesarios para que sea un “derecho real” de los pacientes.

TRAMPA PARA INGENUOS

Por su parte, Santiago Cervera, del Grupo Popular, calificó de “contrasentido formal y trampa para ingenuos que por un lado se pida la creación de una comisión sobre eutanasia y, a la vez, se reclame al Gobierno una ley sobre la cuestión”. Añadió que su grupo defiende la calidad de la vida, la muerte digna, los cuidados paliativos que reconozcan la muerte como un proceso natural y no como algo que deba acelerarse.

Jordi Xuclà, de CiU, que, al igual que el PP, anunció que su grupo no apoyaría la moción, señaló que el planteado por Tardà “es un debate en el que no partimos de cero” y recordó, por ejemplo, que actualmente está vigente la legislación sobre el testamento vital, que existe la suspensión terapéutica o el no alargamiento artificial de la vida. Frente a eso, dijo, se plantea un debate como es el de la eutanasia activa.

Emilio Olabarría, del PNV, que dijo que su grupo se abstendría en la votación, señaló que para “abordar un problema que tiene connotaciones éticas, es necesario una propuesta que genere consenso”, cosa que, a su juicio, no logra Tardà. Abogó por buscar “recursos más sofisticados, más depurados”, porque el problema de la eutanasia no concierne a quien quiere acabar con su vida y no puede hacerlo, sino que compromete a un tercero que, si accede, comete un delito penal.

Olaia Fernández Dávila, del BNG, apoyó la moción de ERC-IU-ICV, señaló que “las personas que piden ayuda para morir lo piden como un acto de justicia, porque no es justo seguir viviendo en las condiciones en las que lo están haciendo”.

Por su parte, el diputado Casimiro Salvador, de UPN, señaló que lo que propone la moción debatida es “el derecho a eliminar una vida humana aplicable en la última etapa de la vida” y que no apoyará “este supuesto avance de la civilización”.